¡Salvemos la piedra de Guayabal!

En los últimos años, se ha incrementado de forma alarmante la práctica de un turismo depredador en zonas de alto valor patrimonial y ambiental en Venezuela. Un ejemplo particularmente preocupante es el caso de las visitas guiadas organizadas por grupos excursionistas a la zona montañosa de La Cumaca, en el municipio San Diego del estado Carabobo, específicamente en el ámbito del Parque Nacional San Esteban. Estas actividades, promovidas bajo la lógica del entretenimiento y el marketing, incluyen el ascenso a sitios naturales con significación cultural, entre ellos el área con arte rupestre conocida como Guayabal. Allí, los organizadores de estas excursiones han popularizado la denominación "Piedra Sagrada", reforzando una imagen mística que sirve como anzuelo comercial, pero que en realidad contribuye al irrespeto y deterioro de un bien arqueológico de carácter nacional.

Las imágenes que registran a los visitantes trepando sobre el soporte rocoso con grabados rupestres (la mal llamada "Piedra Sagrada") son elocuentes y perturbadoras. Lo que para muchos representa una experiencia emocionante, en términos patrimoniales constituye una acción de grave afectación al patrimonio arqueológico. Las representaciones visuales, al estar directamente expuestas al contacto humano —ya sea por pisoteo, roce, aplicación de sustancias, o incluso la acumulación de sudor o aceites corporales— sufren un deterioro progresivo, muchas veces irreversible. Este tipo de acciones pone en riesgo no solo su integridad física, sino también el valor simbólico y científico que representan para las comunidades locales y para la historia cultural del país.

El patrimonio rupestre no es un atractivo turístico cualquiera. Se trata de un testimonio milenario de las expresiones simbólicas de pueblos originarios, cuya protección está amparada por la legislación venezolana. La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial establecen de manera clara que estos bienes deben ser resguardados y preservados, lo cual implica también el control de las actividades humanas que puedan representar una amenaza directa o indirecta a su conservación.

Ante esta situación, es imprescindible que los organismos competentes —entre ellos el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y las autoridades municipales— asuman con urgencia su responsabilidad en la protección de estos espacios. Es necesario implementar medidas de control como la delimitación física del sitio con arte rupestre, la instalación de señalización informativa y restrictiva, y la capacitación de guías certificados que transmitan a los visitantes una visión respetuosa del patrimonio.

Asimismo, se debe aplicar una regulación estricta sobre los grupos excursionistas que operan sin supervisión, estableciendo sanciones claras para quienes promuevan prácticas de deterioro cultural o ambiental. Paralelamente, es fundamental el desarrollo de campañas educativas que sensibilicen a la población sobre el valor del arte rupestre como parte de la memoria colectiva, y no como un simple “spot” turístico para redes sociales.

La promoción de un turismo responsable, guiado por principios éticos, científicos y comunitarios, es la única vía sostenible para compatibilizar el disfrute del paisaje con la conservación de su legado más profundo. Si no se actúa de inmediato, las futuras generaciones heredarán solo los vestigios deteriorados de lo que alguna vez fue una expresión viva del pasado ancestral. 

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